A través de un comunicado enviado a los medios, tanto Rocío de la Barrera como María del Mar San José, coportavoces de Equo en Rota, han hecho pública su repulsa y la propuesta de su partido “ante la situación de terrorismo machista que vive el país”.

Rocío de la Barrera no entiende que la violencia machista no sea considerada una cuestión de estado, cuando en los últimos 12 años se han cometido 800 asesinatos de mujeres, “un 20% más de los cometidos por terrorismo político”. Entiende que “esta situación de profunda alarma social exige que demos un paso al frente para combatir el machismo en todas sus manifestaciones y, por lo tanto, se hace preciso un pacto de Estado con el compromiso de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales, dejando así de ser considerada una cuestión del ámbito privado, ya que es el único modo de poner fin a los feminicidios en España.” Además la formación ecologista manifiesta su más profundo rechazo a los “escasos recursos” que el Estado dedica en materia de prevención de violencia de género. 

La valoración que Equo hace de esta dramática situación de violencia machista es que, por un lado, la eterna crisis económica agudiza la feminización de la pobreza, condenando a las mujeres a permanecer bajo el mismo techo que sus asesinos y, por otro lado, también al amparo de la crisis, se han producido intolerables recortes presupuestarios que, sin duda, han contribuido a la prolongación de la tortura de las mujeres: eliminación de dispositivos de proximidad, menos efectivos policiales, judiciales, sanitarios, educativos y, por supuesto, de atención social a las víctimas.

Ante todo esto, desde Equo proponen un pacto de Estado debatido y elaborado de forma colaborativa entre todos los partidos políticos y los movimientos sociales que se ocupan de la Igualdad desde hace años, debiendo ser estos últimos los principales protagonistas del proceso, tanto a nivel propositivo, como legislativo y ejecutivo. Dicho pacto ha de recoger una profunda reflexión y medidas concretas. Se necesita diseñar un plan integral de intervención y sensibilización que impregne todas las administraciones públicas y el entramado social, haciendo especial hincapié en los medios de comunicación.

Paralelamente, hay que poner en marcha medidas urgentes para la protección de las víctimas (las mujeres y sus hijos e hijas): asignación de presupuestos dignos, puesta en marcha de dispositivos de proximidad, formación completa de los distintos profesionales que están en relación con la violencia, e intensificación de las campañas contra el maltrato.