Ambas han comprobado de primera mano los trabajos de localización e identificación de pecios (restos de barcos, submarinos o aviones ocultos bajo aguas gaditanas)


Las ministras de Defensa y de Cultura, Carme Chacón y Ángeles González-Sinde, acompañadas del consejero de Cultura andaluz, Paulino Plata, han podido comprobar hoy in situ, a bordo del cazaminas "Sella", el trabajo que se está llevando a cabo durante el primer mes de la campaña Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático que se está realizando para la localización e identificación de pecios (restos de barcos, submarinos o aviones bajo el mar). Trabajos que comenzaron el pasado 8 de septiembre y que concluirán el 7 de noviembre.

En este primer mes, la Armada española ha localizado un centenar de posibles pecios en aguas del golfo de Cádiz , en colaboración con el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El análisis posterior de los restos hallados permitirá identificar las embarcaciones hundidas y determinar su interés histórico.

Las ministras de Defensa y de Cultura han coincidido durante su estancia en la Base Naval  esta misma mañana, en manifestar que esta primera campaña ha sido un éxito y un ejemplo de coordinación entre diferentes instituciones estatales y locales. En este sentido, Carme Chacón resaltó la labor de las Fuerzas Armadas para la defensa del patrimonio cultural subacuático, y subrayó que “con tiempo y dedicación, lograremos que la arqueología submarina deje de ser una de las grandes asignaturas pendientes de España”. “Nuestra Armada pone los mejores medios del siglo XXI a disposición de los españoles para garantizar la seguridad de nuestro presente. Ahora también emplea estos medios para asegurar la preservación de nuestro pasado”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, destacó que el convenio suscrito entre los Ministerios de Defensa y de Cultura y la Junta de Andalucía adopta medidas pioneras y evita el expolio, abriendo estrategias de investigación. “Se trata de la primera operación de una serie de convenios que se está firmando con las comunidades autónomas interesadas en desarrollar cartas arqueológicas subacuáticas y promover la investigación y el desarrollo de proyectos de prospección o excavación”, añadió la ministra de Cultura. “Debemos recordar que España desempeña un papel muy activo en la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO; y ya es habitual que los Ministerios de Cultura, Defensa y Asuntos Exteriores colaboren con países americanos en proyectos de cooperación y de formación”.

La Armada española ha colaborado en esta primera campaña que se lleva a cabo en aguas del golfo de Cádiz aportando, además del Instituto Hidrográfico, dos cazaminas, una lancha hidrográfica y más de 100 marinos. Según destacó la ministra de Defensa, los mejores profesionales y los medios más avanzados se han volcado en localizar posibles restos en una de las zonas de mayor interés arqueológico subacuático del mundo.  Se estima que las aguas del golfo de Cádiz se acumulan entre 500 y 800 pecios de los más de 3.000 que hay en todo el litoral de España. La mayoría son barcos, aunque también pueden ser aviones, submarinos o asentamientos humanos. Gracias a la campaña iniciada en el mes de septiembre, hasta el momento se han localizado un centenar de posibles pecios, y en las próximas semanas se podrá conocer cuántos de ellos son realmente de interés histórico.


Este protocolo prevé que cuando se efectúe la extracción y recuperación de pecios o restos arqueológicos pertenecientes a buques de Estado, se tendrá en cuenta el interés del Museo Naval y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en ser destinatarios, en forma de depósitos temporales, de las piezas extraídas que completen colecciones ya existentes en los mismos, o que tengan una especial significación histórica, naval, náutica o arqueológica. En cualquier caso, el destinatario de las piezas extraídas siempre será un museo de titularidad pública que determinará la Administración Pública competente.