Los procesos judiciales en los que están inmersos los que hasta el pasado sábado y durante 12 años, han sido responsables del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Rota, siguen adelante. En este caso, se ha conocido por parte de la Fiscalía Anticorrupción las penas solicitadas por el "caso uniformes", tanto para el que fuera alcalde de la localidad entre 2003 y 2010, Lorenzo Sánchez Alonso, como para  la persona que lo relevó en el cargo, Eva Corrales, hasta las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo.

Los dos máximos dirigentes políticos de Rota durante tres legislaturas completas, además de  19 imputados más, entre políticos -muchos de ellos ya no están en activo- y funcionarios públicos, se enfrentan a penas de cárcel en algunos casos, y varios años de inhabilitación en la mayoría de ellos.

Según ha podido saber Rotaaldia.com, en el escrito de acusación de la Fiscalía,  el líder de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez, que el pasado sábado 13 de junio tomaba posesión de su acta como concejal en la nueva Corporación municipal roteña donde ocupará los escaños de la oposición, se enfrenta una petición de 5 años de prisión y 19 años de inhabilitación por delitos de prevaricación continuada, gestión interesada y falsedad.  Es, de las 21 personas imputadas en el "caso uniformes", la que peor parada sale ya que en el proceso de diligencias previas que comenzó hace más de dos años y medio, ha sido el centro de las pesquisas para averiguar si el independiente se lucró de forma ilegal adjudicándose contratos desde el Ayuntamiento a empresas relacionadas con su persona mientras ostentaba el cargo de alcalde de la ciudad.

No sale mucho mejor parada la hasta hace tres días alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP). Aunque ahora está alejada de la vida política, tras no haber tomado posesión de su acta de concejal por la condena del "caso horas extras" por el que se enfrenta a 4 años y medio de cárcel  y  a ocho años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, más cuatro años de inhabilitación y 15 meses de multa por otro delito de falsedad en documento oficial, este caso también le salpica acusada  de delitos de prevaricación continuada y gestión interesada.  Cuando aún no se ha repuesto de la sentencia condenatoria del "caso horas extras" -que recurrirá ante el Tribunal Supremo-, le llega la petición del fiscal por el "caso uniformes", de  5 meses de prisión y 15 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Corrales puso fin a su carrera política hace algo más de una semana dejando el cargo de presidenta del PP de Rota e incluso dándose de baja voluntaria de la militancia popular "para no perjudicar" a su partido.

En la larga lista de imputados de este caso judicial, están varios políticos que en su día fueron concejales del gobierno de PP y Roteños Unidos en el Ayuntamiento de Rota y que formaron parte bien de la Junta de Gobierno Local o fueron delegados de Régimen Interior y Gobernación con competencias en el departamento de Contratación y Compras. Es el caso de Juan Antonio Liaño Pazos (PP), Jesús Corrales (Roteños Unidos), Auxiliadora Delgado (PP), Antonio Alcedo (Roteños Unidos), Montemayor Laynez (Roteños Unidos), María del Carmen Laynez (Roteños Unidos) o Antonio Peña (PP); de todos ellos, solo este último continúa activo en la política local, siendo alcalde de Chipiona. El Fiscal pide para todos, por un delito de prevaricación, la pena de 9 años de inhabilitación de cargo público que de prosperar, afectaría principalmente y de forma inmediata a Liaño, que mantiene su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Rota, y a Antonio Peña, que es actualmente regidor de la localidad chipionera.  Además, para María del Carmen Laynez, que hasta el pasado sábado era concejal de gobierno, le piden 5 meses de prisión.

La lista del resto de imputados lo componen la mujer de Lorenzo Sánchez Alonso, el ex concejal del PP Ismael Puyana y su esposa, el secretario municipal, el supuesto "hombre de paja" de Lorenzo Sánchez, y varios funcionarios municipales.

Según se detalló en su día por parte del juzgado instructor  número 2 de Rota, durante los años en los que Lorenzo Sánchez fue alcalde, se firmaron varios contratos municipales de forma irregular con empresas relacionadas con su persona pese a la prohibición legal que existe para los cargos públicos a la hora de hacer negocios con la Administración habiendo por tanto, "indicios racionales de criminalidad". Precisamente para salvar este escollo, y para seguir haciendo contratos con el Ayuntamiento, el Fiscal detalla que para "burlar"  la ley, Lorenzo Sánchez y su esposa, crearon en 2008 una nueva sociedad, Coanda Costuras S.L.,  que vendría a sustituir a la cooperativa Coanda y Epis Rotasur, S.L. que eran las beneficiarias de los contratos hasta entonces.  Curiosamente, Coanda Costuras SLU, según recoge el auto dictado en su día por la juez, sustituye desde 2008 a las dos anteriores con el único objetivo de "burlar la prohibición de contratar con la entidad y poder seguir haciéndolo", gracias a la aparición en escena de un "hombre de paja" que rezaba como único propietario de la entidad  aunque los verdaderos propietarios y administradores seguían siendo Lorenzo Sánchez Alonso, su mujer, y los concejales  Montemayor Laynez y Antonio Alcedo.

Este hecho se demuestra, según detallaba el auto de la juez,  en la coincidencia de que Coanda Costuras SLU por un lado, y  Epis Rotasur y la Cooperativa Coanda por otro, compartían mismo objeto social, uso del mismo local, que la Cooperativa Coanda se hacía cargo del pago del alquiler de Coanda Costuras, compartían teléfono, fax y email, compartían trabajadores y vehículos o que se anunciaban como una  misma empresa, entre otras evidencias.

En escena, durante la investigación, apareció una cuarta empresa, Pacheco Puyana SL, creada por la mujer de Lorenzo Sánchez y la esposa del ex concejal del PP, Ismael Puyana, pero que según el auto de la jueza, para "poder contratar con la corporación local y burlar  la normativa interna de contratación de Aremsa" se vendió de "forma ficticia" a un hombre de paja.

Según el auto publicado en su día, los responsables de las citadas empresas, con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron los contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".

La ex alcaldesa de Rota, Eva Corrales, que entonces era delegada de Fiestas, así como el resto de concejales del PP y Roteños Unidos imputados  a los que ahora se les pide inhabilitación y cárcel en algunos casos, están acusados de haber votado a favor de las adjudicaciones a las empresas y sociedad vinculadas a Lorenzo Sánchez en  Junta Local de Gobierno pese a que estas se hacían con una fórmula que les permitía eludir el concurso público como no superar las cuantías para que se consideraran contratos menores de suministro. En esta línea, se detalla que incluso cuando estaban obligados a abrir concurso público, se acortaban los plazos sin justificación, dejando fuera a empresas interesadas que no podían concurrir por falta de tiempo material  para presentar la documentación. En otros casos, se tiró de empresas municipales como Aremsa que está regida por una normativa menos estricta.

Las empresas relacionadas con Lorenzo Sánchez vendían al Ayuntamiento de Rota así como a algunas empresas públicas y fundaciones municipales, ropas de trabajo, y se estima que entre 2003 y 2012, la facturación ascendió a los casi 800.000 euros.

Esta es, sin duda, la causa que arrastra a un mayor número de imputados en la localidad y es la primera vez que un gobierno local se ve salpicado de manera tan directa, con concejales y ex concejales, ex alcalde y ex alcaldesa, todos de PP y Roteños Unidos, por un presunto delito de prevaricación y cooperadores necesarios  de un delito de gestión interesada.