El abogado que los defiende ha asegurado que hoy aportarán documentación que no está en el caso

Esta mañana a las doce del mediodía, la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, el ex alcalde y primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, y el que fuera delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento roteño y actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña, han acudido a los juzgados de Rota para declarar en calidad de imputados por el caso abierto sobre la construcción del parking "La Merced".

Casi con la hora justa para entrar a declarar, llegaban los representantes políticos de la localidad. Lo hacían juntos y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. Posteriormente, minutos más tarde llegaba el alcalde chipionero, que tampoco ha querido hacer ninguna valoración antes de entrar en la sala ante el juez. Quien sí ha atendido a la prensa brevemente, ha sido el abogado de los imputados, Manuel Hortas, que también se encarga de la defensa de los políticos roteños en otros casos judiciales abiertos.  De forma breve, no ha querido aclarar si sus defendidos harán declaraciones ante el juez o se acogerán a su derecho de no responder preguntas, pero sí ha  asegurado que hoy aportarán "documentación que no está en el caso", y la predisposición de colaborar aportando la información que se les requiera.

Preguntado por la línea de defensa, al menos de forma mediática, que han adoptado sus defendidos de acusar a los grupo de la oposición, en concreto al PSOE e Izquierda Unida, de judicializar la política, y en ese interés, estar envueltos en varios procesos judiciales abiertos, Manuel Hortas ha puntualizado que no sabe si los partidos de la oposición están o no "judicializando la política" pero sí que este es un caso que se podría resolver por la vía administrativa y que si embargo, se opta por lo penal. En este sentido, sí cree que la justicia está sirviendo de instrumento a la política, pero de todas formas, ha mostrado predisposición a aportar la documentación que se requiera y ayudar al esclarecimiento de un caso judicial que sería el cuarto que salpica a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, y su socio de gobierno, Lorenzo Sánchez, ambos imputados.

Según la providencia de la jueza, donde se imputaba a los tres representantes políticos que hoy acudían al juzgado para declarar en el caso abierto por las supuestas irregularidades en la construcción del parking "La Merced", mañana viernes 27 de marzo estaba previsto que también declararan tanto el representante de la empresa Promociones Castellano, a quien se adjudicó las obras del aparcamiento público, y el arquitecto que firmó el proyecto, aunque este medio ha sabido que finalmente ambos lo han hecho esta misma mañana.

La construcción del parking "La Merced" a investigación

Saber si hubo irregularidades o no en la construcción del parking "La Merced" es el eje de este nuevo proceso judicial que se abre como una pieza separada del caso sobre los convenios urbanísticos que se firmaron entre el Ayuntamiento de Rota y la empresa Promociones Castellano entre 2009 y 2010. La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Rota pidió un informe al Equipo de Delincuencia  Urbanística de la Unidad Orgánica  de la Policía Judicial de la Guardia Civil en julio de 2014 y en base a las conclusiones y datos recabados en él, se ha acabado imputando a cinco personas: Eva Corrales, entonces delegada de Planeamiento, Lorenzo Sánchez, el que fuera alcalde de Rota en aquella época, y Antonio Peña que ejercía de delegado de Urbanismo. Además estarían el representante de la empresa Castellano y el arquitecto del proyecto. 

Tal y como recoge el informe de la Guardia Civil, en la construcción del citado parking  público, situado en pleno casco histórico de la localidad, "la ilegalidad se muestra clamorosa cuando Promociones Castellano comienza en el mes de marzo de 2006 la ejecución de las obras del aparcamiento por la vía de hecho sin que exista licencia de obras (se pidió 9 meses después de comenzar la construcción), sin expediente de contratación,  procedimiento de licitación pública,  adjudicación oficial de las obras,  aprobación del proyecto por la junta local de gobierno,  firma de ningún convenio, acta de replanteo, calificación ambiental,  consignación presupuestaria para asumir el pago de las mismas, contrato de permuta de fincas,  ni la preceptiva autorización de la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía  al ser obras a desarrollar en  el conjunto histórico  artístico de la ciudad".

Entre otros aspectos, el atestado policial concluye que la actuación llevada a cabo por el alcalde Lorenzo Sánchez Alonso  con respecto a Promociones Castellano se entiende "perfectamente" cuando se constata que "durante los años en los que se han firmado estos convenios,  las empresas participadas por Lorenzo Sánchez Alonso han recibido importantes contraprestaciones económicas por parte del grupo empresarial del que forma parte  Promociones Castellano como se puede comprobar en los informes emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria".