El pasado 11 de diciembre el Gobierno de la nación aprobó en solitario la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en la que las infracciones tipificadas hasta ahora como faltas, pasarían a considerarse infracciones de carácter muy grave, grave o leve. Esta nueva ley, es para Equo Rota "un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas, que son encorsetadas en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político".

Por ello, en el próximo pleno ordinario que se celebrará en unos días, este partido ha pedido la palabra en el turno de intervenciones ciudadanas tras la sesión, para solicitar a los grupos municipales de la Corporación municipal que se posicionen en contra de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana ya que entienden que con ella, se limitarán derechos civiles y libertades básicas que se han ido ganando a través de los tiempos. "No queremos una vuelta al pasado con limitaciones a la libertad de expresión, derecho fundamental de los ciudadanos, que supone un ataque al conjunto de la sociedad civil", han declarado desde Equo Rota que además recuerdan que su posicionamiento no dista demasiado del manifestado por el Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto de los derechos humanos en el continente, quien ha calificado de “altamente problemática” la propuesta de ley  creyendo que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación".

Equo Rota defiende que la Ley de Seguridad Ciudadana está muy alejada del concepto de sociedad democrática a la que aspira y cree firmemente en una apuesta por la educación, la eliminación de las desigualdades sociales y en unas instituciones que trabajen en la prevención y no el castigo.

Como detalles de la nueva normal, el partido verde ha referido ejemplos como la "elevada" cuantía de las sanciones en el caso de ser estas muy graves, ya que podrían llegar a los 600.000 euros, o la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas que la han llevado a llamarla "Ley Mordaza”.

Según Equo, esta ley "habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para vulnerar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales". En esa línea recuerdan que la norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas como los escraches, las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada de fachadas oficiales. Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. .

Por estos motivos, Equo Rota confía en que la Corporación municipal de Rota rechace la nueva ley a colación de la propuesta que presentarán en el plenario.