Sería la segunda petición de sentarse en el banquillo que afrontan los dos líderes políticos de Rota

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Rota que se encarga del conocido como "caso uniformes" ha dado a conocer a las partes afectadas en la mañana de hoy lunes 9 de febrero, su petición de apertura de juicio oral contra las 21 personas que están imputadas en esta causa en la que se investiga desde junio de 2012, si el que fuera alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, se lucró durante los años de alcalde de contratos que se adjudicaban desde el Ayuntamiento a empresas relacionadas con su persona.

Tras más de dos años y medio de diligencias previas, que ha acabado con varios miembros del gobierno actual y de legislaturas pasadas imputados por presunto delito de prevaricación, esta mañana,  la jueza ha dado a conocer el auto de procesamiento que da por terminada la investigación y ordena la apertura de juicio oral, entre otros, contra la actual alcaldesa de Rota, Eva Corrales, el ex alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, concejales de Roteños Unidos como Montemayor Laynez y María del Carmen Laynez, y del PP como  Juan Antonio Liaño Pazos. Además están ediles de anteriores mandatos, es el caso de Jesús Corrales y Antonio Alcedo, de Roteños Unidos, y Auxiliadora Delgado Campos, Antonio Peña, actual alcalde de Chipiona,  y el ex concejal Ismael Puyana del PP. A esta lista se suma la esposa de este último, la mujer de Lorenzo Sánchez, el secretario municipal, y funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento de Rota.

Esta es, sin duda, la causa que arrastra a un mayor número de imputados en la localidad y es la primera vez que un gobierno local se ve salpicado de manera tan directa, con concejales y ex concejales, ex alcalde y alcaldesa, por un presunto delito de prevaricación y cooperadores necesarios  de un delito de gestión interesada.

Según el auto de la jueza, en un plazo de diez días, el Ministerio Fiscal y las partes presentadas como acusación particular, en este caso el PSOE, tendrán que formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral  o el sobreseimiento de la causa.

Rotaaldia.com ha tenido acceso al auto emitido  por el juzgado en el que tras las diligencias instructoras practicadas se desprende "la existencia de indicios racionales de criminalidad" por la adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el ex alcalde y otros responsables municipales.

Desde la denuncia que interpusiera el PSOE, al entender que se estaban llevando a cabo irregularidades en los contratos mediante los cuales se asignaba a las empresas de Lorenzo Sánchez la compra de ropas de trabajo mientras este ostentaba el cargo de alcalde, han estado en el punto de investigación la sociedad Cooperativa Coanda, Epis Rotasur, S.L., y Coanda Costuras S.L.U. Curiosamente, esta última, según recoge el auto, sustituye desde 2008 a las dos anteriores con el único objetivo de "burlar la prohibición de contratar con la entidad y poder seguir haciéndolo", gracias a la aparición en escena de un hombre de paja que rezaba como único propietario de la entidad  aunque los verdaderos propietarios y administradores seguían siendo Lorenzo Sánchez Alonso, su mujer, y los concejales  Montemayor Laynez y Antonio Alcedo.

Este hecho se demuestra en la coincidencia de que Coanda Costuras SLU por un lado, y  Epis Rotasur y la Cooperativa Coanda por otro, compartían mismo objeto social, uso del mismo local, que la Cooperativa Coanda se hacía cargo del pago del alquiler de Coanda Costuras, compartían teléfono, fax y email, compartían trabajadores y vehículos o que se anunciaban como una  misma empresa, entre otras evidencias, según el auto.

En escena, durante la investigación, aparece una cuarta empresa, Pacheco Puyana SL, creada por la mujer de Lorenzo Sánchez y del ex concejal del PP, Ismael Puyana, pero que según el auto de la jueza, para "poder contratar con la corporación local y burlar  la normativa interna de contratación de Aremsa" se vendió de "forma ficticia" a un hombre de paja.

Según el auto, los responsables de las citadas empresas, con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron los contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".

Pese a las prohibiciones de contratar que existían, durante los años 2003 y 2010, se adjudicaron contratos a las empresas de Lorenzo Sánchez Alonso o relacionadas con él por valor de 620.000 euros.

La alcaldesa de Rota, Eva Corrales, que entonces era delegada de Fiestas, así como el resto de concejales del PP y Roteños Unidos imputados, están acusados de haber votado a favor de las adjudicaciones a las empresas y sociedad vinculadas a Lorenzo Sánchez en  junta local de gobierno pese a que estas se hacían con una fórmula que les permitía eludir el concurso público como no superar las cuantías para que se consideraran contratos menores de suministro. En esta línea, el auto detalla además que incluso cuando estaban obligados a abrir concurso público, se acortaban los plazos sin justificación, dejando fuera a empresas interesadas que no podían concurrir por falta de tiempo material  para presentar la documentación. En otros casos, se tiró de empresas municipales como Aremsa que está regida por una normativa menos estricta.

En todos los casos, según la investigación, lo que se pretendía era "burlar la ley de contratos públicos" pese a las indicaciones del interventor que advertía del incumplimiento de los procedimientos a la hora de adjucar contratos a las empresas investigadas.

Con la petición de apertura de juicio oral para Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, -además de para 19 imputados más-, la situación de los dos líderes de Roteños Unidos y PP, respectivamente, se recrudece teniendo en cuenta que la pasada semana se tuvo conocimiento de que el próximo 9 de marzo ambos irán al banquillo como acusados por el "caso horas extras" que en este caso Izquierda Unida denunció ante la Fiscalía.

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