Rota se va a acoger al decreto de la consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía que permitirá a los ayuntamientos dar los primeros pasos para un proceso de regularización de casas ilegales en sus términos municipales.

En el caso de la localidad, existen varias edificaciones de este tipo y aunque esto no significa que se vaya a dar permiso a todas las construcciones que están fuera del marco legal, sí serán muchas de ellas las que en principio podrán verse beneficiadas por este proceso que ahora comienza y en el que desde el Ayuntamiento de Rota ya se han puesto a trabajar.

Para ello, lo primero es obtener información de las viviendas que se encuentran en situación de ilegalidad en zonas rurales, motivo por el que se han reforzado los servicios técnicos municipales con personas contratadas a través de un plan de empleabilidad.  A partir de ahí, y según explican el primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, y el delegado de Planeamiento Urbanístico, Francisco del Olmo Fernández, el decreto de la Junta distingue tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos). Por otro lado hay que distinguir dentro de las viviendas aisladas, las legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por ubicarse en suelos protegidos o inundables, o por no haber transcurrido el plazo de años exigidos para que la administración actúe.

Según detallan los concejales en una nota de prensa, sobre el reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación, la figura está reservada para construcciones no adecuadas a la ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación, y en las que haya transcurrido el plazo y prescrito la infracción o en los casos de "imposibilidad de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada", posibilitando su permanencia, sin menoscabo de que se mantenga a dichas parcelaciones el régimen actual de restitución de la legalidad urbanística.

Para Lorenzo Sánchez, lo más importante es que se buscará una solución para la realidad de unas viviendas a las que dice, el Ayuntamiento no puede dar la espalda ya que la mayoría se construyeron hace ya un considerable número de años. El gobierno local, ha insistido, "debe dar respuesta a dichas situaciones en aras del principio de la seguridad jurídica, evitándose así un trato diferenciado a situaciones parecidas y menos tras la iniciativa del parlamento andaluz de reformar el articulo 185 de la Ley Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico".

Según el concejal, será entonces cuando los ayuntamientos estarán facultados para sacar adelante los estudios realizados y los propietarios podrán dirigirse a los servicios municipales con el fin de solicitar esa regularización. En ese sentido, el delegado de Planeamiento ya trabaja en la elaboración de identificación de los diferentes tipos casos de edificaciones aisladas que hay en Rota  para que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad y que aborde entre otras cuestiones, el acceso a los servicios básicos de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento.

Aún así, Francisco del Olmo ha querido aclarar que este estudio inicial que se hace no implica que se vaya a regularizar la situación de construcción ilegales "de forma indiscriminada", sino que más bien, lo que pretende es "dar respuesta, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de las circunstancias físicas y jurídicas de cada caso particular”.