Cuando aparecen negros nubarrones en el cielo a cualquiera se le puede pasar que esto derivará en tormenta. Pocos hechos, en los años que llevamos de democracia, han sido tan impactantes como el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. El caso comprende tres grupos de delitos de suma gravedad: prejubilaciones fraudulentas, incluso a personas que no habían trabajado en las empresas; subvenciones a empresas que no habían presentado el ERE y comisiones, muy por encima del valor del mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores; incluyendo las sospechas de la juez de sobornos a cargos de la Junta por parte de los comisionistas. Nos referimos a un grupo de indeseables sociales, relacionados muchos de ellos con organizaciones sindicales y otros vinculados a la Junta de Andalucía, que se han llenado los bolsillos de forma escandalosa con el dinero de todos los andaluces.

Los ERE empiezan a funcionar en 2001 y es en 2010 cuando se publican las primeras noticias sobre la existencia de una trama organizada para aprovecharse de los mismos. Se tienen noticias de que en los ERE de 2003 de Mercasevilla ya hay indicios de intrusos. Son, por lo tanto, más de cuatro años que el suceso vio la luz y a la altura que estamos aún no hay decisión al respecto. La jueza encargada del proceso a los responsables de esta escandalosa estafa al erario andaluz, la señora Mercedes Alaya, aparece como la persona de la que está dependiendo que el tema se alargue. Ante la situación provocada hay quien opta por cargar contra ella y le culpan de instrumentalizar la causa para perjudicar la imagen del gobierno de la Junta de Andalucía, en tanto que otros justifican la actuación de su señoría y achacan la tardanza a la postura obstruccionista del gobierno autonómico por los impedimentos que le está poniendo a la hora de instruir el sumario. Sea como fuere, no creo que ni lo uno ni lo otro resulte lo esencial del auto.

A ojos de un profano llama la atención que este proceso sea tan dilatado y tan notorio en los medios de comunicación, mientras otros se solucionan en un santiamén o bien duermen el sueño de los “injustos” hasta que, cuando ya no afecten la imagen de sus responsables, salten a la luz o sencillamente sean sobreseídos. Personalmente ni tengo motivos para dudar de la jueza Alaya, ni poseo conocimiento jurídico alguno que me permita tomar partido con responsabilidad. Si, como dice alguien, Alaya quiere convertirse en jueza “estrella”, a pesar de las connotaciones negativas que esto implica, nunca he tenido escrúpulos en defender a otros jueces “estrella”, como Baltasar Garzón, y como me puedo equivocar no seré yo quien ponga en tela de juicio a la Sra. Alaya.

En cuanto al argumento fácil de que hay otros casos tan graves o más en el resto de España, sin negarlo, lo que quiero dejar claro es que el que más me preocupa es este, el que se da en Andalucía, como tampoco me puedo olvidar del otro que también nos afecta directamente, el de los fondos para cursos de formación para desempleados. Y que, si bien defiendo la presunción de inocencia, aquí hay indicios muy claros, tanto en los ERE como en los cursos, de que “esto es lo que hay” y que si algunos imputados no son culpables, que todo está por ver, la connivencia, el oscurantismo y el cierre de filas nos hace pensar que muy limpios no se les puede considerar.

Tampoco sería extraño, sin ánimo de salirme por la tangente, que procurasen dilatar todo el proceso para ver si el efecto es menor. No vale servirse de subterfugios para librarse, ya estamos hartos de eso: la justicia está obligada a actuar ya. No olvidemos que, aunque no haya responsabilidad directa, quien algo sabe o intuye y no lo denuncia es cómplice del delito; en el PSOE de Andalucía el silencio también forma parte de la culpa.

Llegados a este punto, con toda la lógica, quienes no se hayan implicado real o emocionalmente con el proceso, tratan de interpretar la situación y exigen una resolución inmediata, cuanto más se tarde peor para todos.

Tampoco es extraño que como paso siguiente en el razonamiento se culpe de la situación a que el PSOE lleve más de 30 años (desde el 1980) al frente de la Junta y relacionan esto con la falta de alternancia de gobierno en Andalucía. Aparecen entonces argumentos de lo más variado, como que la Junta tiene el voto secuestrado o que los andaluces son ciegos en materia política. Craso error; la alternancia en Andalucía no ha sido posible porque a pesar de la increíble acumulación de errores, abusos y desatinos, el pueblo andaluz prefiere “lo malo conocido” (¡y mira que es malo!) al partido que representa y que está dirigido en gran parte por la clase social que siempre le ha tenido sojuzgada. Difícil es que la gente desee semejante opción. Súmenle a esto el neurótico afán por hacernos comulgar a los españoles en general, y a los andaluces en particular, con la rueda de molino del bipartidismo y se explicarán la dificultad del enigma. El pueblo, como ya he dicho en otras ocasiones, siempre tiene razón, incluso cuando se equivoca. Los andaluces se equivocan de forma parecida a como lo hacen los madrileños, los valencianos o vaya usted a saber.

Pues a todos ellos y en especial a los andaluces, que son los sujetos pasivos de esta oración, no les costará nada ejercer la alternancia cuando realmente exista un alternativa en la que confiar. Sólo hace falta que se les ofrezca.

Mira tú por donde igual “puede” que se haya levantado la tapa de la caja de los truenos; no estaría mal una tormenta que limpie toda esta porquería.

Manuel García Mata