El Ayuntamiento de Rota ha contestado en el día de hoy, a través de un comunicado, a la noticia que el PSOE hacía llegar a los medios de comunicación sobre el pago de la defensa de los concejales imputados por distintas causas judiciales desde las arcas municipales.

A través de este escrito, el equipo de gobierno va detallando punto por punto la base del acuerdo que se toma en junta local de gobierno para que sea con dinero público con el que se pague estas defensas acusando a los socialistas de "tergiversar la realidad" como según dicen, "es tónica habitual".  Es por ese motivo por el que se ven obligados a salir al paso de esas declaraciones en los siguientes términos.

Aunque el PSOE sólo refiere en su denuncia que el pago con fondos del Ayuntamiento de Rota es para la alcaldesa, Eva Corrales, el ex alcalde y primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez, y los concejales que han sido imputados tanto de PP como de Roteños, el escrito aclara que no es así.

Por partes, se refiere primero a que "los acuerdos de junta  de gobierno local, como no puede ser de otro modo, se han adoptado estrictamente en base a lo concluido en los Informes emitidos por los servicios jurídicos del Ayuntamiento tras analizar las circunstancias concurrentes en cada caso. Servicios jurídicos, por los que este equipo gobierno  siente un profundo respeto por su profesionalidad e independencia, al igual que por el resto de los empleados públicos del Ayuntamiento".

En un segundo apartado aclaran que en relación a los gastos de defensa por importe de 17.000 euros en las  diligencias previas nº 161/2013 y nº 787/2012,  "curiosamente omite decir el PSOE que dichos gastos, obviamente, no sólo son por la defensa de la Sra. Alcaldesa y D. Lorenzo Sánchez, sino que están incluidos también en dicha cantidad los gastos de defensa de los 9 empleados públicos imputados en esas dos causas penales". Al equipo de gobierno le resulta "extremadamente llamativo que el PSOE no ponga ninguna objeción a que el Ayuntamiento asuma los costes de defensa de los empleados públicos y sí, por el contrario, de los cargos políticos, siendo así que ambos casos se rigen por los mismos criterios legales, establecidos con claridad meridiana en la  Ley 52/1997, de 27 Nov., de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, art 46 del RD 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado y Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía".

El tercer punto que quieren dejar claro se refiere al nuevo acuerdo de junta de gobierno local relacionado con la defensa de los imputados en las diligencias previas nº 260/2012 (el llamado “caso de los iniformes”), donde refieren que el PSOE  "omite decir  que en esta causa penal, D. Lorenzo Sánchez Alonso es asistido, desde la incoación de las mismas, con su propia defensa letrada costeada por él, respondiendo, el nuevo acuerdo de junta de gobierno, a los gastos de defensa de las nuevas imputaciones realizadas con fecha  de 7 de marzo de 2014 y entre las que se encuentran no sólo cargos públicos sino también 8 empleados públicos".

En un cuarto apartado, el comunicado que el Ayuntamiento publica sobre este asunto, responde a manifestaciones hechas por el PSOE días atrás en las que este mostraba su "sorpresa"  por el citado acuerdo "pese a haber interpuesto ellos recurso contencioso-administrativo contra el anterior acuerdo referente a la defensa de los imputados en las diligencias previas nº 161/2013 y nº 787/2012". En este sentido, PP y Roteños Unidos, quieren reiterar que el mismo "ha sido adoptado en base a lo concluido en el informe emitido  al respecto por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Lo que entendemos que obedece a que por dichos servicios jurídicos, y pese al contencioso  interpuesto, se consideran, los informes emitidos, plenamente ajustados a derecho".

Para el bipartito, son "totalmente inaceptables las declaraciones del POSE relativas a que este nuevo acuerdo es injustificable y una prueba más del desprecio con que este equipo de gobierno gestiona el dinero de todos los roteños”.  De hecho, el comunicado asume que tanto el Partido Sociailsta como cualquier ciudadano está en su legítimo derecho de impugnar  todo acuerdo que no considere ajustado a derecho, "pero obviamente, entendemos que, como mínimo y en aras a un elemental sentido de la prudencia y del pudor, antes de hacer declaraciones de ese tipo, debería esperar  a que recayera sentencia en esos procesos, máxime cuando, como ya hemos manifestado reiteradamente, el acuerdo se basa en un informe jurídico de la asesoría, que merece todo nuestro respeto".

En los últimos apartados del comunicado el Ayuntamiento se refiere al paralelismo que el PSOE hace entre la situación que se vive en Rota con los citados acuerdos de junta de gobierno, y el caso del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en el que recientemente ha recaído sentencia condenando a varios concejales por delito de prevaricación. En esta línea manifiesta que "nos llama sobremanera la atención que el PSOE, tras afirmar esto, haya optado por acudir precisamente en este caso a la jurisdicción contenciosa  (jurisdicción, por cierto, que es la que realmente deben conocer y pronunciarse sobre estos asuntos) y no a la vía  penal,  tal como suele hacer . Baste como ejemplo, el tan aludido caso de los uniformes, en el que el PSOE curiosamente ha dejado transcurrir 10 años sin interponer un soo recurso ni en vía administrativa ni en vía contenciosa para, tras un curioso y repentino supuesto ánimo de defensa de la legalidad, acudir a la vía penal".

Por último, PP y Roteños Unidos han manifestado que "ante la preocupación que el Partido Socialista afirma tener por la gestión de los fondos públicos y su tesis de que cada imputado se busque y pague su propio abogado y, si finalmente resulta absuelto, dichos honorarios de los letrados sean abonados por el Ayuntamiento; no podemos sino señalar lo incoherente y  absurdo de dicha postura . Efectivamente,  - y con independencia de que dicha postura no se ajusta a lo dispuesto el la ley- no exige gran esfuerzo intelectivo alcanzar a comprender que resultaría muchísimo más gravoso (por no decir inasumible) para las arcas municipales que 17 imputados contraten cada uno un letrado y, si resultan absueltos, el Ayuntamiento tenga que pagar los honorarios de 17 letrados", han finalizado contestando así a la denuncia hecha por el PSOE.