A la formación le sorprende "la doble vara de medir" del gobierno local

Izquierda Unida de Rota tendrá que pagar 1.031,68 euros de costas procesales por el recurso de reposición que este grupo interpuso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para impedir que el Ayuntamiento continuara en su empeño de adquirir el inmueble que ocupaba el Museo Ruiz-Mateos.

Así lo ha dado a conocer el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Franco, manifestando que como no  puede ser de otra manera, asumirán el pago de estos gastos generados a raíz de aquella actuación que su grupo hizo para evitar lo que ellos consideraban un despilfarro del dinero público. Hay que recordar que se hablaba de unos 500.000 euros en total por la operación y que esta encontró la oposición no sólo de PSOE e Izquierda Unida, sino del Bloque Ciudadano y de unas 2.000 personas que firmaron para que esa adquisición no se llevara a cabo.

Pero el sentido de la comparecencia de Antonio Franco ante los medios de comunicación ha tenido otra intención que no es otra que denunciar una "doble vara de medir del equipo de gobierno". En este sentido, el izquierdista  entiende que es curioso que el equipo de gobierno apruebe pagar la defensa de los imputados por temas judiciales pendientes porque es una "consecuencia del ejercicio de sus funciones", y sin embargo, admita que IU, también en e ejercicio de oposición, pague las costas procesales por un recurso que finalmente se retiró, puesto que la compra del museo no siguió adelante. Este grupo cree que esa forma de actuar del gobierno local es "fruto de la venganza" por las imputaciones que pesan sobre algunos concejales a raíz de la denuncia que hicieron sobre el pago de horas extras a un funcionario municipal.

Antonio Franco ha hecho un breve resumen de aquella actuación judicial recordando que fue a principios de legislatura cuando PP y Roteños Unidos se empecinaron en adquirir el inmueble de Museo Ruiz-Mateos pese a la oposición que encontraron. Dado que IU consideraba que era un mal gasto de dinero, decidieron poner un recurso de reposición contra esa compra. Al ser rechazado este, los izquierdistas quisieron ir un poco más allá para evitar el desembolso de 500.000 euros para este cometido, y se interpuso un recurso por la vía del contencioso administrativo el 13 de noviembre de 2012. Según Antonio Franco, dado que ningún banco avaló la operación "por no verla viable", unido al poco apoyo y otras cuestiones legales a raíz de los problemas judiciales de Ruiz-Mateos,  el gobierno municipal finalmente desistió de seguir con la compra, motivo por el cual, IU retiró el recurso.

Según el portavoz de IU, su abogado y la jurista del Ayuntamiento habrían acordado de forma previa que dado que se había retirado el recurso, no procedía imponer el cobro de las costas procesales a este partido, sin embargo, la sorpresa de  este grupo viene, según Antonio Franco, cuando finalmente, reciben comunicación del Juzgado de que efectivamente tienen que pagar esos 1.031 euros "que se podrían haber anulado por el gobierno municipal" tal y como indica que de hecho se pactó entre su abogado y el del Ayuntamiento. 

IU recuerda que si se embarcó en este contencioso fue para evitar un desembolso de dinero público que consideraban fuera de lugar en tiempos de crisis, y creen que si el gobierno local finalmente ha decidido que se incluyan las costas procesales en este procedimiento, pese al acuerdo que tenían, es "por venganza". Quizás, dice Antonio Franco, porque este  grupo denunció la existencia de un pago exagerado de horas extras a un mismo funcionario.

Aún así, ha asegurado el izquierdista, como no puede ser de otra manera, su partido pagará los 1.031 euros de costas procesales antes del 5 de mayo tal y como se le ha solicitado teniendo la confianza de que si se embarcaron en aquel proceso fue mirando por el bien público, sin embargo, dice Antonio Franco, el equipo de gobierno parece que ha actuado  en forma de vendetta "porque es el juzgado el que dice al Ayuntamiento que el proceso va con costas incluidas, pero también es verdad, según habían acordado nuestro abogado y la jurista, que el Ayuntamiento podría haber dicho que fuera sin ellas porque el recurso se retiró".