La Plataforma de Afectados por los Impagos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y Gesalquivir, entre los cuales hay unos 50 son roteños, ha pedido reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para solicitarle que se aceleren las ejecuciones de sentencias judiciales firmes dictadas por los distintos Juzgados de lo Social y de lo Contencioso Administrativo de las  provincias de Sevilla y Cádiz a favor de los trabajadores y proveedores de este ente supramunicipal.

En un comunicado a los medios de comunicación, han manifestado su desesperación y proponen alternativas para agilizar un proceso que los mantiene atados sin poder cobrar. Muchos de esos trabajadores cuentan con sentencias en las que se viene condenando a la Mancomunidad y a los once ayuntamientos que la integran, al pago de las nóminas adeudas y de las indemnizaciones por despido, -en unos casos de forma solidaria y en la mayoría de manera subsidiaria-, pero los trabajadores y proveedores sólo podrán solicitar la ejecución de sentencias firmes contra los ayuntamientos una vez que se liquide legalmente la Mancomunidad, un proceso de disolución que está enfrascado.

Por esta razón, la plataforma viene denunciando públicamente que tanto su presidenta y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, como el resto de alcaldes y alcaldesas de los once pueblos mancomunados –Utrera, Los Palacios y Villafranca, El Coronil, Los Molares, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo, Trebujena,
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota-, son los responsables de la desastrosa gestión de la  Mancomunidad, y que no existe ni interés ni voluntad de alcanzar un acuerdo unánime para aprobar la liquidación ya que, tal y como establecen los estatutos, a partir de la disolución definitiva, cada ayuntamiento se vería  obligado a asumir el pago a proveedores y trabajador en función del porcentaje correspondiente de los más de 52 millones de deuda generados por la corporación supramunicipal. Una deuda que  para algunos ayuntamientos desembocaría en quiebra al no poder hacer frente ni al pago de las nóminas de los empleados municipales ni al de los servicios prestados a los ciudadanos.

Desde esta Plataforma de Afectados por los Impagos de la Mancomunidad, que al igual que en Rota, se han venido manifestando en el resto de pueblos desde hace dos años, se sospecha que la negativa de los alcaldes y alcaldesas a liquidar la Mancomunidad tiene como trasfondo la falta de ayuda económica por parte de las administraciones públicas, principalmente la Junta de Andalucía y las Diputaciones de Sevilla y Cádiz, para que los consistorios afronten los pagos a trabajadores y proveedores, de ahí que la plataforma reclame a estas instituciones que se impliquen en la solución de un problema agravado por su falta de control y fiscalización de las subvenciones concedidas a la Mancomunidad. En este sentido, la plataforma ya ha solicitado formalmente y por segunda vez, una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien tras la primera carta enviada el pasado 27 de enero, sigue sin poner fecha a dicha reunión.

Como alternativa en todo este proceso del que los principales perjudicados están siendo trabajadores y proveedores, la plataforma consultará con el presidente del TSJA los procedimientos jurídicos necesarios para instar judicialmente a la presidencia de la Mancomunidad a convocar el pleno de liquidación de definitiva de la entidad, pues consideran que dicha convocatoria no puede demorarse por tiempo indefinido hasta que quieran los alcaldes. Desde la plataforma también se quiere poner de manifiesto a Lorenzo del Río los graves perjuicios económicos que está ocasionando la lentitud de los procesos de ejecución de sentencias judiciales firmes frente a la Mancomunidad y los ayuntamientos, provocando un auténtico drama social y familiar que viven tanto los trabajadores, que en su gran mayoría ya no perciben ningún tipo de prestación por desempleo, como los autónomos y pequeños empresarios, que han cerrado o están cerrando sus empresas a causa de los centenares de facturas impagadas por la Mancomunidad.

En definitiva, piden que los ayuntamientos mancomunados busquen las salidas definitivas para acabar con un calvario que sufren desde 2011 cuando comenzaron a dejar de percibir sus nóminas.