La sesión de pleno extraordinaria celebrada el pasado viernes se saldó con los votos a favor de toda la Corporación municipal que entendió que Rota no puede asumir parte de una deuda de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) por servicios de los que no ha disfrutado.

Dado que este ente supramunicipal inició un proceso de disolución por la situación insostenible económicamente a la que se vio abocado por una mala gestión, la comisión liquidadora propuso repartir la deuda entre los municipios mancomunados. Una forma de proceder con la que el equipo de gobierno (PP y Roteños Unidos) siempre se ha mostrado en contra entendiendo que antes de disolver la Mancomunidad, lo primero que habría que hacer era una auditoría interna para conocer cuentas, deuda real, etc. Esa posición no se aceptó, tal y como detalló la concejal María del Carmen Laynez encargada de defender la propuesta en el pleno, y con la mayoría de PSOE e IU en la MMBG, se inició el proceso de disolución que vino seguido del reparto de una deuda que ascendía para Rota a unos 6,6 millones de euros, una cantidad que incluía costes por servicios no utilizados por los roteños.

Ante esta situación, el Ayuntamiento presentó alegaciones para mostrar su disconformidad con los criterios seguidos a la hora de repartir la deuda (eso fue en julio de 2013), y el viernes  se solicitaba que el pleno reconociera la cantidad de minoración de deuda de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir en concepto de financiación de la partida correspondiente al sellado de vertederos por valor de 1.140.730,52 euros. Es decir, que a la deuda inicial de 6,6 millones de euros adjudicada a Rota, se le descuente el algo más del millón de euros que pertenece al sellado del vertedero. La propuesta, que incluía además que se diera traslado a la Secretaría General y a las áreas municipales de intervención, tesorería o asesoría jurídica para tomar las acciones necesarias en un futuro, salía aprobada por unanimidad.

Sin embargo, el debate no estuvo exento de achaques principalmente entre los dos grupos del gobierno local, PP y Roteños Unidos, y la oposición del PSOE, ya que Izquierda Unida no intervino en ningún caso.

Cada uno intentó defender su posición en este largo y complicado proceso. IU prefirió no hacerlo y no tomó la palabra en ningún momento, así que fue la portavoz del PSOE, Encarnación Niño, quien defendió que si en un principio votaron a favor de la disolución de la Mancomunidad, fue para agilizar el proceso de liquidación y que trabajadores y proveedores pudieran poner en marcha los mecanismos oportunos para cobrar su deuda. Esa posición aprobada por la mayoría continuó con el reparto de la deuda entre los municipios mancomunados con el que el PSOE no estaba de acuerdo al ver perjudicados los intereses de Rota al que se le adjudicaban costes de un servicio no disfrutado. Fue ahí, según la socialista, cuando se apoya las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento para revisar el reparto de la deuda según estatutos, es decir, un municipio no paga por servicios no utilizados, y por lo que en el pasado pleno volvían a votar a favor de que se elimine de la deuda adjudicada inicialmente a Rota la parte proporcional al sellado de los vertederos.

En el caso del PP y Roteños Unidos, la posición desde el principio fue distinta. Tal y como explicaron Auxiliadora Izquierdo (PP) y Antonio Izquierdo (Roteños Unidos), el gobierno local pretendía que antes de la disolución, se llevara a cabo una auditoría interna al no tener datos reales de la situación económica de la Mancomunidad. Dado que estaban en minoría y salió adelante el proceso de disolución y el posterior reparto de deuda que provocó la presentación de alegaciones, se ha hecho necesario que en un nuevo pleno se pidiera el apoyo para reajustar esa deuda según unos criterios más justos. Todo ello provocado, según los populares y los independientes, por haber votado que sí a una disolución sin conocer realmente los datos económicos de la Mancomunidad.

Los tres portavoces de PP, Roteños Unidos y PSOE coincidieron en que en todo este complicado proceso, los principales perjudicados han sido los trabajadores a los que se les debe varias nóminas, y los proveedores que se ven imposibilitados de cobrar. La cuestión es que IU y PSOE plantearon un camino (directamente la disolución), y PP y Roteños Unidos otro distinto (una auditoría inicial). Ahora, en el punto de reparto de la deuda y con la disolución ya encaminada, han tenido que encontrarse los cuatro grupos de la Corporación apoyando que las arcas públicas de Rota no se vean esquilmadas por la mala gestión que ha precedido a la Mancomunidad, de ahí la propuesta de reconocer la minoración de deuda por el servicio de vertederos del que Rota nunca ha hecho uso.

En todo este proceso, la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, reivindicó en el pleno que si los roteños no tendrán que pagar un millón de euros más "ha sido por la posición fuerte de PP y Roteños Unidos". Aunque en varias ocasiones también hizo alusión a las alegaciones presentadas al reparto de la deuda en el mes de julio de 2013, lo cierto es que finalmente reconoció que estas no habían sido tenidas en cuenta con lo que la posibilidad de reducir la deuda en un millón de euros que se aprobaba no quedaba muy claro de cómo se había conseguido. Aún a sí, agradeció que el PSOE "cambie de posicionamiento" apoyando en primer lugar aquellas alegaciones y posteriormente el punto que se elevaba a pleno el viernes. En cuanto a los trabajadores, alumnos, profesores y proveedores que aún no han podido cobrar y no podrán hacerlo hasta que la Mancomunidad se disuelva definitivamente, la regidora reconoció que el Ayuntamiento de Rota ha puesto siempre de su parte proponiendo incluso pagar directamente a los afectados y que esa cantidad se le fuera descontando de la deuda global, pero la presidencia de la Mancomunidad lo rechazó. Es más, Eva Corrales recordó que si no se hubiera votado la disolución, quizás los trabajadores, profesores, alumnos y proveedores afectados por los impagos, que en Rota rondan las 50 personas, podrían haber tenido una salida más rápida para cobrar. La regidora ha insistido en que el PSOE perjudicó desde el primer momento a los trabajadores cuando aprobaron la disolucion "aunque agradezco que hayan cambiado el chip ahora". Del silencio de Izquierda Unida en este pleno, dijo la edil, "mejor no vamos a hablar" procediéndose a la votación del punto que salió adelante por unanimidad.