Los compañeros, amigos y familiares del policía local expedientado y suspendido de empleo y sueldo por 18 meses, tras desobedecer la orden de un superior, volverán mañana al pleno municipal para protestar por la situación del agente.

Como ya han hecho en un par de ocasiones más, acudirán a la sesión plenaria, que está prevista que comience a las nueve y media, para seguir solicitando a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, así como para conocimiento de toda la Corporación local, que la sanción que de momento se ha impuesto al policía Marco Antonio Trujillo, y que cumple desde el pasado mes de enero, se aplace hasta que el juzgado de lo contencioso administrativo, donde el agente ha denunciado su caso, se pronuncie y resuelva con sentencia definitiva. Y es que para los compañeros policías de este roteño, así como para sus familiares y amigos, es absurdo que lo hayan obligado a empezar a cumplir una sanción cuando no hay un pronunciamiento definitivo de la justicia.

Por este motivo, vuelven a pedir a todas las personas que apoyen a Marco Antonio Trujillo, que mañana acudan al pleno municipal que tendrá lugar en el salón capitular del Castillo de Luna a las 9.30 horas. En principio, lo harán de manera pacífica, sólo demostrando con su asistencia su rechazo a cómo se ha abordado el expediente de este policía local por parte del Ayuntamiento de Rota.

De momento, nada ha cambiado y Marco Antonio Trujillo, padre de tres hijos, cumple ya su tercer mes sin empleo ni sueldo, mientras su causa aún está a la espera en los juzgados a que se resuelva. Precisamente, es la demora que puede llevar este tipo de casos, la que hace que sus compañeros y allegados y secciones sindicales de CCOO, CSIF, USO y UGT, insistan en solicitar el aplazamiento de la sanción hasta sentencia definitiva pero por parte del Ayuntamiento y del juez instructor del expediente, no se ha considerado así.

Salvando todas las diferencias que hay entre un caso y otro, los sindicatos han hecho una similitud a raíz de la información publicada ayer en prensa sobre la imputación de 17 personas entre concejales y funcionarios o trabajadores del Ayuntamiento por el caso de las compras a las empresas del ex alcalde. En este sentido no entienden que si un imputado no es cesado de su cargo o sancionado hasta que un juez lo determine, por qué a Marco se le impone una sanción antes de que un juzgado se pronuncie. Cuestiones de este tipo dejarán caer mañana en una sesión plenaria a la que acudirán para mostrar apoyo a este policía que en la Semana Santa de 2012, se negó a la orden del superior de recoger y transportar los pivotes que se usan para el corte de calles al tráfico. Según el agente, se negó a transportarlos "por ser una orden manifiestamente ilegal" y por no contar además con las herramientas de seguridad necesarias para desarrollar una labor que, defiende el expedientado, no es competencia de la Policía Local. Este gesto fue tildado de falta muy grave por "insubordinación" y por ello, sancionado con los 18 meses de suspensión de empleo y sueldo.