Un año más, desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se advierte a los roteños de que tomen las precauciones necesarias para evitar ser engañados con la excusa de las revisiones del gas. Este gancho, que es muy recurrido por empresas que aprovechan el desconocimiento de los ciudadanos para cometer fraudes, se repite con frecuencia en determinadas épocas del año y de hecho, desde la OMIC, se ha informado de las numerosas reclamaciones que se están recibiendo en esta oficina municipal.

Para evitar situaciones de este tipo, se han lanzado de nuevo advertencias de modo que los interesados puedan saber cómo, cuándo y en qué circunstancias están obligados a hacer la revisión de su instalación del gas.

Hay que tener en cuenta que la obligación de revisar las instalaciones de gas es por cuenta del usuario cada 5 años y para las instalaciones de gas ciudad cada 4 años, pudiendo el consumidor acudir a cualquier instalador autorizado, y comparar las tarifas de estos servicios, desconfiando de aquellas empresas o personas que ofrecen este tipo de servicios sin haberlos solicitado.

Desde la OMIC se aconseja solicitar presupuesto antes de acceder al servicio, ya que el usuario no está obligado a realizar la revisión con ninguna empresa instaladora en concreto; no dejar entrar a ninguna persona al interior del domicilio si no está debidamente acreditada y autorizada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Una vez finaliza la revisión deben solicitar la certificación acreditativa de la revisión y del contrato de mantenimiento, así como pedir a la empresa los elementos que hayan sustituido.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar en la web municipal (www.aytorota.es/doc/omic/campa_as_informativas/consejos_basicos_revision_gas.pdf), llamando al teléfono 956829130, a través del correo electrónico a la dirección [email protected]., o bien en la propia Oficina Municipal de Información al Consumidor ubicada en la plaza de Andalucía, donde se atenderán y se tramitarán en la Junta Arbitral de Consumo, las posibles reclamaciones de los ciudadanos.