No es la primera vez que desde una agrupación local se muestra la preocupación por la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Europa y Estados Unidos, por considerar que este hace peligrar los derechos conseguidos por el sistema democrático en lo que se refiere a la liberalización del comercio. Aunque ha sido Equo Rota la que mayor número de veces se ha pronunciado con respecto a este asunto, ahora, son las formaciones Sí se Puede Rota e Izquierda Unida, ambas con representación municipal en el Ayuntamiento, las que han decidido elevar una propuesta conjunta para solicitar que la Corporación municipal se sume a varias reivindicaciones. 

En la moción, enviada a los medios, se recoge la preocupación que existe ante las negociaciones que se están llevando a cabo en relación al citado tratado que tiene como fin incrementar el comercio entre los países comunitarios y el norteamericano, argumentando que reduciendo las barreras no arancelarias, se conseguiría crear empleo, fomentar el crecimiento económico y mejorar la competitividad.
 
Una postura que ni Sí se Puede Rota ni IU ven con buenos ojos entendiendo que desde que se iniciaron las negociaciones estas han sido "opacas" y se han llevado a cabo "sin ningún control por parte de organismos públicos" para poner en marcha un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones que, tal como está concebido,  "representa un serio peligro para la protección de los derechos en materia de sanidad, educación, medio ambiente y de todos nuestros derechos digitales o como consumidores, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general".

 
Según la moción de los dos grupos de izquierdas en Rota, el TTIP  tiene entre sus objetivos la liberalización total tanto de los servicios tales como el de las compras públicas, abre el camino a las entrada de empresas trasnacionales, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo o las iniciativas locales. La aprobación de este tratado, por tanto, según IU y Sí se Puede, "conlleva ignorar cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones y permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos locales, regionales o estatales ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que ellos estimen de manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las administraciones públicas para aplicar leyes en las áreas de salud, medioambiente y protección social".

Con estas premisas, para Sí se puede Rota e Izquierda Unida, el acuerdo supondrá que  las leyes del comercio primarán sobre cualquier otra consideración social ignorando cualquier legislación nacional, regional o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encontrarán totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos. Por eso, argumentan que si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, "la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, así como promocionar políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local". Es por ello que la moción presentada para debatir en el próximo pleno, pedirá a la Corporación municipal que apoye su propuesta en la que se recogen varios puntos. Entre ellos, declarar a Rota como municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social; solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de la nación su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles; solicitar igualmente al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE, y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos), con el fin de conseguir que se excluyan en este o en cualquier tratado mecanismos como el ISDS; defender la actual política reguladora de la UE y de sus estados sin que se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las ETN en la regulación; que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales; que  se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales; que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo; y por último, que se dé  traslado de los acuerdos al Gobierno de la nación, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía.